El proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal –Ley 6518-, en sus artículos 224 y 229,  enviado por el Poder Ejecutivo, obtuvo su sanción en la Cámara de Diputados, en la sesión 18 de este miércoles 4 de septiembre,  en el objetivo de brindar una herramienta más al Poder Judicial –más precisamente a los fiscales- para evaluar mejor el peligro de fuga y evitar la liberación rápida de quienes delinquen. Lleva por número de ley el 6690 y fue girado al Poder Ejecutivo para su puesta en vigencia.

“El objetivo es lograr una intervención eficaz a través de la definición e implementación de una política de persecución penal uniforme y la posterior evaluación de sus resultados”, se señala en los fundamentos, acotando que “la insistencia en la comisión de hechos punibles aumenta sensiblemente la inseguridad de la comunidad y la atendible insatisfacción social con estos institutos que no han sido considerados normativamente para casos de repitencia”.

Durante la sesión, la diputada Lucía Centurión, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales señaló, entre otros conceptos, que se da respuesta así a una demanda social, otorgando a los operadores de justicia, una nueva herramienta. Aclaró que en nada afecta al principio de “inocencia”.

En el mismo sentido se refirieron otros diputados, reiterando el concepto de “clamor social” ante la denominada “puerta giratoria” (en referencia a delincuentes que entran y salen de las comisarías). “Es una medida de seguridad”, remarcó la diputada Albana Rotela.

“Es una herramienta más que va a tener el fiscal al momento de la audiencia que va a tener con el juez… Otra cuestión positiva también que tiene es que la víctima o las víctimas van a confiar más en el sistema porque van a saber que el delincuente que les entró a robar o que cometió el delito de los cuales fueron víctimas, está guardado y esperando.  Quiero aclarar, que también incluso se piensa hasta en quién comete el hecho delictivo,  porque va a tener una condena lo más antes posible; porque va a estar en prisión preventiva. Entonces su condena va a ser expedita”, acotó Rotela.

Desde la oposición se habló de “parche a una realidad social” que debe atenderse. “Falta empleo” dijo la diputada Marlen Gaúna durante el debate.

El diputado Norberto Ast desde la bancada de la UCR recordó que la nueva ley tiene la participación de los tres poderes del estado, destacando la labor realizada en el Senado.

En lo técnico parlamentario, el expediente originariamente constaba de cuatro artículos,  los que siendo analizados en el Senado con funcionarios judiciales,  quedaron en 2, con algunas modificaciones, avaladas por la cámara baja.  En ese marco, el artículo 229 establece un término de 72 horas para resolver la situación del detenido.